Aprobadas las ayudas para paliar los daños de los incendios forestales del mes de junio

Se declaran zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Foral de Navarra, Valenciana y de la Región de Murcia

Aprobadas las ayudas para paliar los daños de los incendios forestales del mes de junio

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El Consejo de Ministros ha acordado este lunes declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Foral de Navarra, Valenciana y de la Región de Murcia por los incendios forestales que tuvieron lugar, en su mayoría provocados por la ola de temperaturas extremadamente altas que afectó a casi todo el territorio peninsular,  desde el pasado día 10 de junio.

En todos los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las comunidades autónomas afectadas se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de niveles 1 o 2, tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM).

En concreto, la declaración ZAEPC ha sido aprobada respecto a los siguientes incendios: Sierra Bermeja (Málaga), Tafalla (Navarra), Artesa de Segre (Lleida), Riofrío de Aliste (Zamora), Nonaspe (Zaragoza), Castellar de la Ribera (Lleida), Caudiel (Castellón de la Llana), Ayoó de Vidriales (Zamora), Mazarrón (Murcia), Legarda (Navarra), Arguedas (Navarra), Barbastro (Huesca), Castejón de Tornos (Teruel) y San Martin de Unx (Navarra).

Estos incendios han afectado a una superficie de unas 52.000 hectáreas (de las que 31.000 se concentran en la provincia de Zamora) y han requerido la movilización de más de 1.800 efectivos y 612 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como 24 aviones anfibios y 3 helicópteros de extinción, 14 Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales y 4 aviones de coordinación.

Además del daño medioambiental, estos incendios han requerido la evacuación preventiva de casi 4.000 personas y provocado graves desperfectos en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, si bien en este momento no han podido ser plenamente cuantificados.

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