España recibirá unos 10.000 millones de euros tras la aprobación del cuarto desembolso del Plan de Recuperación

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La Comisión Europea ha aprobado el cuarto desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) destinado a España, después de que en su evaluación preliminar haya valorado positivamente el cumplimiento de 60 hitos y objetivos (44 hitos y 16 objetivos) vinculados a ese cuarto pago. Ello supone que España recibirá casi 10.000 millones de euros correspondientes a este desembolso.

El cuarto desembolso contempla un total de 34 reformas y 26 inversiones, en áreas como la transformación digital y la transición energética de la economía, las pensiones, la investigación, desarrollo e innovación, la educación, el tratamiento de agua, la digitalización de los servicios públicos, incluida la justicia, o en materia de cooperación interterritorial.

De esta manera, la Comisión ha validado los 44 hitos y 16 de los 17 objetivos propuestos por España. Queda pendiente de cumplimiento el 'Programa Agentes del Cambio' reformulado en el programa 'Kit Consulting', un objetivo intermedio de una inversión cuyo cumplimiento final está previsto en diciembre de 2025 y tiene como objetivo el apoyo a la digitalización de al menos 15.000 pequeñas y medianas empresas.

El programa inicial se ha rediseñado por su baja demanda y se ha lanzado una nueva convocatoria para dar cumplimiento al objetivo intermedio en los siguientes meses. El nuevo programa, denominado 'Kit Consulting', se centra en una ayuda de hasta 24.000 euros para contratar un servicio de asesoramiento sobre las tecnologías más demandadas por las empresas en los últimos años: IA, datos o ciberseguridad. A partir del 18 de junio las empresas interesadas ya podrán solicitar este servicio.

Desde el lanzamiento de la invitación para la adhesión a este programa se han recibido alrededor de 900 solicitudes. Proximamente se anunciará la primera resolución con unos 500 'asesores digitales' inscritos para el programa 'Kit Consulting'. Estos agentes son clave para movilizar a las pymes y dinamizar la ejecución del programa, que se espera tenga un rápido despliegue.

De acuerdo con el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y la Comunicación de la Comisión sobre la implementación del MRR de 21 de febrero de 2023, España podrá cumplir con este objetivo en los próximos meses y recibir la parte de los fondos vinculados al mismo.

La Comisión deberá presentar ahora su valoración positiva de los 60 hitos y objetivos al Comité Económico y Financiero (CEF), que debe emitir un dictamen en el plazo máximo de cuatro semanas. Para ello, el CEF contará con el apoyo del Comité de Política Económica (CPE). Una vez emitida la opinión del CEF, la Comisión la recogerá en la correspondiente decisión de pago, que podría producirse en el plazo aproximado de un mes.

Aunque queda por completarse la validación final de las cifras del pago, según la metodología de la Comisión, el Gobierno estima que quedarían pendientes en torno a 158 millones de euros, que se abonarán en los próximos meses, una vez cumplido el objetivo pendiente.

Líderes en la UE en transferencias

La validación de estos 60 hitos y objetivos supondrá, previsiblemente, el desembolso de cerca de 10.000 millones de euros, casi el 99% del total solicitado.

Esta cantidad se suma a los más de 38.000 millones de euros ya recibidos en forma de transferencias, hasta alcanzar cerca de 48.000 millones, el 60% de lo que le corresponde en transferencias no reembolsables.

España es líder en la ejecución de transferencias del Plan. Es el país con mayor número de hitos y objetivos cumplidos en términos absolutos, con 181, por delante de Italia y Francia. Con estos casi 10.000 millones, España es también el país de la UE que más transferencias de los fondos Next Generation habrá recibido, con cerca de un total de 48.000 millones de euros.

Algunos de los hitos y objetivos más destacados

Entre los principales hitos y objetivos validados por la Comisión, destacan los adoptados en el ámbito de las pensiones, como la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional, la adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación y la adecuación de la base máxima de cotización. Estas medidas contribuirán a la equidad y sostenibilidad del sistema de pensiones.

También destacan las reformas dirigidas a impulsar el emprendimiento y el clima de negocios, concretamente la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece y la Ley de Startups. A través de dichas leyes se pretende simplificar los procedimientos de creación de empresas y promover fuentes diversificadas de financiación para el crecimiento empresarial, así como establecer un marco favorable para la constitución y el crecimiento de empresas emergentes altamente innovadoras.

Entre las medidas encaminadas a la consecución de una economía más verde y sostenible destaca el paquete de medidas sobre la economía circular o la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

Por su parte, la Ley de Vivienda ha supuesto un importante hito para apuntalar el derecho a una vivienda digna y adecuada a través de una regulación pionera en España de los distintos instrumentos públicos de planificación, programación y colaboración entre administraciones.

También se cumplen los compromisos en el ámbito de la función pública con la aprobación de medidas legislativas para mejorar la planificación, organización y gestión de los recursos humanos, el refuerzo a la transparencia y la agilidad de los procesos selectivos o la regulación de la evaluación del desempeño. A esto hay que sumar cambios en el acceso a puestos de alto funcionario, para que prevalezcan los criterios de mérito y competencia, así como la regulación de la figura del directivo público profesional en la Administración del Estado.

Asimismo, destacan las reformas e inversiones para mejorar la eficiencia y la digitalización de los procedimientos judiciales. Las iniciativas que intensifican el uso de la tecnología para poder llevar a cabo acciones judiciales telemáticas con plena seguridad jurídica e introducen reformas en la legislación procesal para aumentar la rapidez de los procedimientos en los órdenes contencioso-administrativo y social.

Junto a las reformas, en esta solicitud de pago cada vez ganan más peso las inversiones, cuyo cumplimiento evidencia que los fondos del Plan de Recuperación fluyen a todos los ámbitos de la economía. Merecen particular atención los programas de apoyo a las pymes para dotarlas de las capacidades y las herramientas necesarias para contribuir a la transición digital y hacer frente a los retos que se derivan de ella.

Destacan también las inversiones en proyectos de I+D+i y el avance en los Proyectos Estratégicos de Recuperación, Transformación Económica (PERTEs), con una importantísima contribución del PERTE del Vehículo Eléctrico.

Además, el Plan de Recuperación beneficia también a los municipios, con inversiones relevantes para la movilidad sostenible y los planes de acción urbana. También el mundo rural se ve beneficiado por las inversiones realizadas en este cuarto desembolso, con medidas para mejorar la eficiencia y la digitalización de los regadíos.

Asimismo, hay cuantiosas inversiones en ámbitos estratégicos, como la dotación de 50.000 nuevas plazas de Formación Profesional o la mejora y la sostenibilidad de las zonas de regadío o la restauración de zonas y ecosistemas en el litoral y las redes transeuropeas de transporte.