¿Está garantizada la seguridad alimentaria de los ciudadanos de la UE?

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Antonio Fernández Álvarez, Universidad Autónoma de Madrid

Para la UE, las importaciones incrementan y diversifican su oferta alimentaria, sobre todo en frutas, hortalizas o frutos secos. Pero también facilitan su acceso a productos como café, té, cacao o frutas tropicales.

Para los países exportadores a la UE, muchos de ellos en desarrollo, el mercado único es uno de sus principales destinos internacionales y una fuente de divisas que contribuye a la creación de empleo, el crecimiento económico y el desarrollo.

Sin embargo, este floreciente y provechoso intercambio puede implicar algunas sorpresas, con posibles efectos poco deseables, para la salud de los consumidores europeos.

La producción agroalimentaria en la UE

En cumplimiento del Pacto Verde (2020), la UE ha elaborado, para el sector agroalimentario, la estrategia “De la granja a la mesa” para fomentar entornos alimentarios seguros, saludables y respetuosos con el medioambiente.

Su aplicación ha redundado en avances en la mejora del bienestar animal (granjas menos masificadas), en el estímulo a la reducción de tierras agrícolas y el uso racional y seguro de fertilizantes, o en la prohibición del uso de determinados plaguicidas.

Desde luego, las medidas adoptadas favorecen una producción de alimentos más saludable y de menor impacto ambiental. Pero el abandono de los procesos productivistas convencionales impone, a corto plazo, unos rendimientos agrícolas más bajos. Y, tal vez, unos precios más elevados para la cadena alimentaria y el consumidor final.

Las importaciones y sus posibles efectos

¿Qué ocurre con los productos agroalimentarios importados por la UE? ¿Han de cumplir en los países de origen con los mismos requisitos, en términos de producción y tratamientos químicos, que sus iguales en la UE?

Si, por una parte, la UE carece de competencias para imponer métodos de producción o de tratamientos más allá de sus fronteras, también puede supervisar las importaciones destinadas al mercado único.

En efecto, la Red de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) supervisa parte de las importaciones y emite múltiples notificaciones, siendo la detección de residuos de plaguicidas en alimentos una de las amenazas más destacadas.

El informe anual 2022 de la Red de Alerta y Cooperación (RAC), publicado por la Comisión Europea, recoge un total de 990 notificaciones relacionadas con residuos de plaguicidas hallados en alimentos de consumo frecuente. Y aproximadamente un 90 % de esas notificaciones corresponde a alimentos provenientes de fuera de la UE.

Las frutas y las hortalizas fueron los productos con más notificaciones, un total de 594, de las cuales 396 fueron detectadas en controles fronterizos y 198 en los propios mercados.

Los residuos detectados corresponden a plaguicidas que, o bien no están autorizados por la UE, o bien superan los límites máximos de residuos (LMR) que se pueden encontrar en el producto según la legislación europea.

Ante las amenazas para la salud del consumidor, la Comisión Europea ha incrementado los controles sobre las partidas y productos procedentes del exterior. Pero, aun así, un gran número de ellas, en algunos casos más de la mitad, no son sometidas a inspecciones fronterizas, bien por falta de medios o razones de otra naturaleza.

A falta de una vigilancia más rigurosa, el consumidor europeo podría encontrarse en su dieta habitual, sin saberlo, con alimentos que han sido producidos y tratados fuera del entorno de la UE con sustancias químicas prohibidas en la Unión.

La imperiosa necesidad de unir criterios

También está el factor económico: el agricultor de países terceros, al utilizar tratamientos agrarios más productivistas que los permitidos a sus homólogos en la UE, se sitúa en una posición de ventaja competitiva. Esa ventaja podría amenazar la soberanía alimentaria en Europa y los efectos más nobles de la estrategia “De la granja a la mesa”.

El flujo de comercio agroalimentario no parece garantizar, hoy día, la libre concurrencia, en igualdad de condiciones, entre agricultores y productores de la UE y países terceros. Y la vigilancia europea tampoco parece mostrarse efectiva en procurar la plena inocuidad de los alimentos que consumimos.

Las importaciones y las producciones nacionales deben de cumplir los mismos criterios de seguridad alimentaria. El comercio de alimentos no puede proyectarse como una amenaza para la salud de los consumidores ni como mecanismo de competencia desleal en el mercado único.

Antonio Fernández Álvarez, Profesor Honorario de Economía Política de la Unión Europea, Universidad Autónoma de Madrid

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.