La Conferencia de Rectores recuerda al Gobierno y las comunidades la urgencia de cumplir la LOSU en materia de financiación de las universidades públicas

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El pleno de la Asamblea General de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), que este año celebra su 30 aniversario, se reunió en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). El encuentro fue dirigido por la presidenta de la asociación y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, quien, acompañada por el presidente de Crue–Secretarías Generales y rector de la USC, Antonio López, volvió a recordar a Gobierno central y comunidades autónomas la urgencia de cumplir con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación de las universidades públicas y pidió «corresponsabilidad y lealtad institucional porque las universidades no pueden hacerlo todo solas».

La aplicación de la LOSU fue el tema principal sobre el que giró la reunión, en la que participaron 60 dirigentes universitarios. Las dificultades para poder aplicar la nueva ley universitaria sin disponer de la financiación pública adecuada ocuparon la mayor parte del debate. En ese sentido, se volvió a realizar un llamamiento para que Gobierno y comunidades autónomas alcancen un acuerdo urgente y comience a hacerse efectivo el incremento, como mínimo, del 1% del PIB nacional que debe alcanzarse de aquí a 2030.

Plantillas de personal para el curso 24-25

La presidenta Alcón manifestó que «la preocupación de las universidades es alta porque ahora mismo se están planificando los cursos académicos» y sin ese aumento de la inversión en la universidad pública, subrayó, es imposible que las universidades puedan reestructurar para el curso 24-25 sus plantillas, de acuerdo con lo indicado por la ley.

El impacto de la cotización del estudiantado que realiza prácticas curriculares fue otro de los temas que se abordaron. La falta de recursos y la imposibilidad de contratar efectivos, recordó la Asamblea General, ha agravado la sobrecarga de los actuales equipos de gestión de las universidades, porque a pesar de que la Disposición Adicional 52 de la Ley General de la Seguridad Social indica que deben ser los empleadores los que asuman las tareas administrativas, en la práctica, por responsabilidad social, han sido asumidas por las universidades.

No obstante, los rectores y rectoras agradecieron la publicación de un documento de resolución de dudas por parte de la Tesorería de la Seguridad Social y manifestaron su confianza en que la experiencia vivida con las prácticas sirva para que se cuente desde el principio con las universidades y se enfoque correctamente la negociación del futuro Estatuto del Estudiante en Prácticas.

Otro de los asuntos que se abordaron en la Asamblea fueron los acuerdos transformativos firmados en 2021 con las editoriales American Chemical Society (ACS), Elsevier, Springer y Wiley para pasar de un modelo de pago por suscripción que permitía leer y descargar artículos de estas editoriales a otro de pago por lectura y publicación en abierto que pretende hacer accesibles a la sociedad los resultados de los investigadores de las universidades españolas asociadas a CRUE o del CSIC.

En el pleno se informó de que, gracias a estos convenios, se ha aumentado el número de publicaciones científicas en abierto y se ha hecho, además, a un coste mucho menor al correspondiente sin los acuerdos. En concreto, por los 31.728 artículos publicados en abierto en el período 2021-2023, se habrían pagado 91 millones de euros más.

Por último, la Asamblea designó, a propuesta de la presidenta de CRUE, a la rectora de la Universidad de Alicante y actual presidenta del Grupo de Trabajo de Financiación de la LOSU, Amparo Navarro, como nueva presidenta de la Comisión Sectorial de Gerencias.