La Junta de Castilla y León promueve con 13 millones de euros la creación de puestos de trabajo en el medio rural

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El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Público de Empleo de castilla y León (Ecyl) la concesión de un conjunto de subvenciones a las nueve diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo, que tienen como finalidad promover el empleo en el medio rural en labores relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la adecuación de infraestructuras de uso público, así como garantizar la seguridad y salud laboral vinculada a estas labores. El importe total de estas ayudas es de casi 13 millones de euros.

La primera línea de subvenciones, que alcanza una cuantía de 5.004.000 euros, reedita la puesta en marcha el pasado año como consecuencia de los incendios forestales ocurridos en Castilla y León. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo articuló entonces unas ayudas a las nueve diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal de El Bierzo para promover la contratación de trabajadores dedicados al cuidado del medio ambiente y/o a la adecuación de infraestructuras de uso público.

Debido a la buena acogida y resultados que arrojó la línea en 2022, la Junta retoma este año la misma iniciativa, denominada ‘Montel 2023’, con un paquete de subvenciones integrado en el Plan de Empleo Local, que pretende incentivar la contratación por las entidades locales de desempleados inscritos en el Ecyl, promoviendo un importante número de ocupaciones al tiempo que se refuerzan aquellas actividades de mayor impacto económico y con mayor potencial de generación de empleo.

Los criterios de distribución del crédito se han establecido sobre la base de una cantidad fija inicial de 400.000 euros y otra variable, que se determina en función de la tasa de paro provincial del segundo trimestre 2023 según la EPA; la superficie arbolada total de cada provincia y la superficie arbolada quemada en el último año en cada territorio.

Estas cantidades permitirán la contratación de 417 desempleados e inscritos como demandantes de empleo no ocupados –con preferencia de parados de larga duración–. Se formalizarán contratos de 180 días a jornada completa para la reconstrucción en las zonas afectadas por incendios, y la realización de otras tareas de prevención, control y limpieza de la vegetación en el entorno de los núcleos rurales para prevenir fuegos forestales.

En segundo lugar, y de forma complementaria a la línea anterior, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo destina 7.941.014,93 euros, a través de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, a financiar actuaciones para la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores que realizan obras y servicios de interés general y social relacionados con el cuidado del medio ambiente y del entorno rural. Estas ayudas, bautizadas como ‘Montel Seguro’, se canalizan también a través de las nueve Diputaciones Provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo.

Una de las prioridades de esta Consejería es que los trabajadores contratados dispongan de todos los medios necesarios para desarrollar su actividad con las máximas garantías de seguridad, motivo por el que se dedican fondos a apoyar acciones que contribuyan a la protección de la salud y seguridad en el ámbito laboral y a reducir o evitar siniestros en el ámbito del trabajo.

En esta segunda línea de subvenciones, los criterios de distribución del crédito se han establecido en función del número de personas contratadas para la realización de obras y servicios de interés general y social relacionados con el cuidado del medio ambiente, el entorno rural y/o la adecuación de infraestructuras de uso público en cada provincia.

Entre los gastos subvencionables están la adquisición, alquiler y mantenimiento de los equipos de trabajo y medios auxiliares necesarios para la actividad laboral; la adquisición de equipos de protección individual y ropa de trabajo; gastos de construcción, compra, mejora o alquiler de servicios higiénicos, vestuarios y locales de descanso; gastos de transporte de los trabajadores, compra o alquiler de vehículos; compra de desfibriladores semiautomáticos portátiles, y gastos de la formación para su uso.