La Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) urge a fijar la financiación para aplicar la LOSU el próximo curso

Reclama al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aclarar la distribución de las aportaciones financieras y el calendario de las mismas

La Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) urge a fijar la financiación para aplicar la LOSU el próximo curso
Reunión de la junta rectora de CRUE en Madrid el pasado diciembre. Fuente: CRUE

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La presidenta de la conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha señalado que es un buen punto de partida el llamamiento al diálogo con las comunidades autónomas y las universidades que ha realizado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, tras la celebración de la Conferencia General de Política Universitaria el pasado 25 de enero. Pero, igualmente, ha subrayado la urgencia de acordar cuanto antes la financiación real con la que contarán para el curso 2024-2025 puesto que «las universidades ya están definiendo la organización del próximo año académico, incluidas las necesidades de plantilla del personal docente e investigador de acuerdo a las directrices de la LOSU».

Alcón ha insistido en que el principal reto que aborda ahora mismo el sistema universitario es la aplicación de la LOSU, una ley que necesita recursos adicionales para poder desplegarse. La presidenta de CRUE considera que buscar el diálogo y el consenso siempre es positivo y muestra su máxima disposición a colaborar con la Comisión de trabajo anunciada por Morant para definir la financiación y calendarizar cómo vamos a alcanzar el objetivo de destinar el 1% del PIB a la educación superior que establece la LOSU.

Sin embargo, es importante que este diálogo se concrete cuanto antes en un acuerdo, porque, como ha advertido Alcón, «sin financiación no se va a poder aplicar la LOSU». Por ello, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas reclama al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como a las comunidades autónomas, voluntad para fijar, sin más dilación, la distribución de las aportaciones financieras y el calendario de las mismas, teniendo en cuenta las necesidades de recursos a corto plazo para el curso 2024-2025 y, paralelamente, situar la inversión en educación superior en el 1% del PIB nacional con el horizonte puesto en 2030.

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