La Junta de Castilla y León amplía el plazo de presentación de solicitudes y suprime trámites burocráticos en la convocatoria de ayudas al alquiler 2024

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La convocatoria de ayudas al alquiler para 2024 se realizará en régimen de concurrencia competitiva y tiene como objetivo otorgar subvenciones para el alquiler de viviendas o habitaciones, permitiendo a personas con escasos recursos económicos disfrutar de una vivienda en Castilla y León.

Los beneficiarios podrán ser personas físicas mayores de edad en la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León que, además, posean unas rentas comprendidas entre 0,5 y 3 veces el IPREM. En el caso de familias numerosas categoría general o víctimas de terrorismo dicho umbral será de 4 veces el IPREM y de 5 veces el IPREM cuando se trate de familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33 %.

El importe total destinado a esta subvención asciende a 19.572.052 euros, con la previsión de incrementarse en 31.000.000 euros adicionales sin que este aumento requiera una nueva convocatoria. No obstante, y como en las ocho convocatorias anteriores, el crédito se incrementará en la cuantía que sea necesaria hasta cubrir la totalidad de las solicitudes que cumplan los requisitos de la convocatoria.

Las bases reguladoras se encuentran en los capítulos I y II del anexo de la Orden MAV/1420/2022, de 13 de octubre, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 199 de 14 de octubre de 2022.

Reducción de la carga administrativa y ampliación del plazo de presentación

Las novedades más importantes son dos. En primer lugar, la supresión de la obligación de aportar el certificado o volante de empadronamiento como documento probatorio de la residencia habitual y permanente. A partir de ahora, siempre que no haya oposición expresa y motivada por parte de la persona solicitante, se obtendrá a través de los medios telemáticos con los que cuenta la administración, mejorando por tanto enormemente las gestiones que hasta ahora debían realizar los solicitantes.

En segundo lugar, se amplía el plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de enero de 2025.

Unas ayudas que consolidan las mejoras de la pasada convocatoria

Esta convocatoria mantiene las mejoras introducidas en las convocatorias precedentes.

Así, se mantiene el incremento del porcentaje de subvención en 10 puntos para todos los beneficiarios, pasando del 40 % al 50 % de la renta de alquiler. Además, respondiendo al compromiso de la Junta de ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda y al de apoyar la dinamización del medio rural se mantiene el incremento de dicha cuantía hasta el 60 % para los menores de 36 años cualquiera que sea su lugar de residencia y alcanza hasta el 75 % si esa residencia radica en el medio rural. Este mismo porcentaje se mantiene en el supuesto de familias que hayan devenido vulnerables sobrevenidas por haberse visto reducidos sus ingresos de 5 a 3 veces el IPREM.

Igualmente, para algunos colectivos especialmente vulnerables como son las familias numerosas de categoría especial, las víctimas del terrorismo y las personas con una discapacidad que alcance el 33 % se mantiene el incremento de los ingresos de las unidades de convivencia que pueden solicitar las subvenciones, pasando de 3 hasta 5 veces el IPREM.

También se mantiene el incremento de las cuantías de las rentas máximas mensuales susceptibles de ser subvencionadas. Así, en el caso de alquileres en el medio rural han pasado de 375 euros máximos a 450 y para alquileres en determinadas provincias (Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid) ese máximo ha pasado de 500 a 550 euros. Estos límites se elevan hasta 800 euros para familias numerosas, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Se trata con ello de actualizar los requisitos al incremento de los alquileres del mercado.

Igualmente se consolida el alquiler de habitaciones como objeto de la subvención, manteniéndose el importe máximo de no superar los 150 euros si acontece en un municipio del medio rural y los 200 en el resto de municipios.