Castilla y León exige financiación de las plazas de ayudante doctor necesarias para cumplir la LOSU

La Junta defiende la situación de los ayudantes doctor en la Conferencia General de Política Universitaria celebrada en Madrid y solicita, además, el restablecimiento del grupo de trabajo creado para acordar la implantación total de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario

Castilla y León exige financiación de las plazas de ayudante doctor necesarias para cumplir la LOSU

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La Junta de Castilla y León ha desplegado en los últimos años una política de total apoyo a la actividad docente e investigadora con ayudas al estudio, rebaja de precios públicos y líneas de contratación. Asimismo, la Consejería de Educación ha trabajado intensamente en mejorar la transferencia de conocimiento desde las universidades al tejido social y empresarial.

Por ello, en el contexto de la Conferencia General de Política Universitaria celebrada en Madrid, la consejera de Educación Rocío Lucas solicitó al Ministerio de Universidades la financiación en su totalidad de las plazas a las que obliga la nueva normativa.

“Es necesario que el Ministerio financie al 100 % durante el periodo transitorio las nuevas contrataciones de ayudante a doctor que impone una ley aprobada sin consenso, porque es algo que se quedará en los sistemas universitarios de forma estructural y que tendremos que sufragar las comunidades autónomas”, ha señalado Rocío Lucas. 

Gracias a la postura común de gran parte de las autonomías, la ministra ha ofrecido duplicar la financiación en un principio planteada; una propuesta que Castilla y León analizará cuando conozca más a fondo los detalles.

Además, la consejera solicitó que, cualquier financiación que el Ministerio comprometa, se traslade a las comunidades autónomas de manera finalista y se retome el grupo de trabajo creado para la correcta implantación de la LOSU.

Rocío Lucas recordó que este grupo, de momento, no está cumpliendo sus objetivos, ya que no se analizan las propuestas de las administraciones autonómicas. También lamentó que los consejeros se enterasen por los medios de comunicación de propuestas que afectan directamente a la implantación de la nueva normativa.

En definitiva, la consejera ha recriminado al Ministerio de Universidades el fondo y las formas con los que está actuando en la implantación de una nueva ley que ha aprobado sin consenso, ni tener en cuenta la financiación necesaria para ponerla en marcha.

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