Cómo construir una comunidad energética en España

El cóctel de conflictos bélicos, pobreza energética y alta dependencia energética de los países, tanto en el ámbito europeo como en España, nos obliga a abordar con éxito la emergencia climática.

Las políticas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes, ya que, en Europa, al ritmo actual, el aumento de 1.5 grados centígrados se alcanzará entre 2030 y 2052. España será uno de los países más afectados, con un incremento superior a la media en 0.5 grados.

En este contexto, surgen las comunidades energéticas como una herramienta eficaz para dinamizar la transición.

Unidos contra la adversidad

Con el fin de mejorar la eficiencia energética, alcanzar el liderazgo mundial en energías renovables y garantizar un trato justo a los consumidores finales, la normativa europea promueve las comunidades de energía renovable y las comunidades ciudadanas de energía.

Estas pueden adoptar distintas formas jurídicas, como asociaciones, cooperativas, pymes u organizaciones sin ánimo de lucro. Todas fomentan la participación ciudadana abierta y voluntaria, lo que fortalece la cohesión social.

Además, contribuyen a la protección del medio ambiente, al utilizar energías renovables, y pueden generar ahorros significativos en las facturas de la luz, un paso importante para combatir la pobreza energética.

Las principales diferencias entre ambas opciones radican en que la comunidad de energía renovable se centra exclusivamente en fuentes de energías limpias, con un enfoque cercano al consumidor.

Por el contrario, la comunidad ciudadana de energía es menos restrictiva en cuanto a la ubicación del proyecto y puede emplear tanto fuentes convencionales como renovables.

¿Una asociación o una cooperativa?

En España, la legislación prácticamente ha copiado la normativa europea en lo relativo a las características específicas de las comunidades energéticas. Sin embargo, no se ha creado un marco regulador propio. La ley establece que se puede adoptar cualquier forma jurídica, siempre y cuando cumpla con las exigencias europeas.

Para aclarar cómo deben organizarse legalmente, proponemos el marco de las asociaciones y a las sociedades cooperativas. Estas figuras jurídicas son idóneas para configurar un sistema eléctrico asequible, seguro y sostenible en un entorno colaborativo y participativo.

Según el estudio que hemos realizado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, las comunidades energéticas pueden operar legalmente bajo la forma de asociaciones para desarrollar actividades como la producción de energía y la agregación.

Sin embargo, no están autorizadas para llevar a cabo actividades de distribución y comercialización. Por lo tanto, las comunidades energéticas interesadas en realizar estas actividades no pueden constituirse legalmente como asociaciones.

Por su parte, las sociedades cooperativas incluyen objetivos sociales que van más allá de los beneficios ambientales y económicos para sus miembros. Además, contribuyen a mejorar el barrio o municipio y tienen un impacto positivo en toda la sociedad.

Así, las sociedades cooperativas verdes ofrecen una base sólida para constituir comunidades energéticas. De acuerdo con la normativa eléctrica, pueden realizar actividades de distribución y comercialización de energía, lo que les permite abarcar todas las fases del proceso.

De hecho, en Europa, las cooperativas han tenido un gran éxito en el sector eléctrico. Países como Grecia, Polonia e Italia han adoptado iniciativas específicas de este tipo en sus marcos jurídicos.

Grecia ha establecido a la comunidad energética como una cooperativa civil, Polonia como una cooperativa de energía y en Italia se ha promovido la cooperativa comunitaria.

El apoyo financiero, pieza clave

Es fundamental tener respaldo económico para promover las comunidades energéticas. Por eso, proponemos opciones como préstamos o bonos verdes, diseñados especialmente para combatir el cambio climático.

En resumen, las comunidades energéticas tienen un gran potencial para la crisis medioambiental del planeta y llevar a cabo la transición energética que nuestro país necesita. Creemos que tanto las asociaciones como las sociedades cooperativas son opciones legales adecuadas para abordar la falta de claridad en nuestra regulación actual.

Al ser iniciativas nuevas, es crucial que el legislador nacional facilite su constitución, ofreciendo un marco jurídico, técnico y financiero claro y efectivo que permita que avancen con éxito. Por tanto, aún queda mucho por hacer.

Carmen Esther Falcón-Pérez, Profesora Titular de Universidad de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.