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María García-Cano Torrico, Universidad de Córdoba; Azahara Jiménez Millán, Universidad de Córdoba; Carmen Clara Bravo Torres, Universidad de Córdoba; Elisa Pérez Gracia, Universidad de Córdoba y Eva F. Hinojosa Pareja, Universidad de Córdoba

En cuanto a la presencia o existencia de diversidad entre estudiantes, profesorado y personal técnico, la universidad es inclusiva si el perfil sociodemográfico de quienes la componen incluye a colectivos infrarrepresentados según distintas condiciones como la discapacidad, el sexo, la condición socioeconómica, el origen, la edad o la etnia, entre otras.

Una universidad es participativa si todos los miembros toman parte en las decisiones y si garantiza la cohesión social entre sus miembros.

El progreso supone que se garantice el aprendizaje. La universidad es inclusiva cuando sus estudiantes no abandonan los estudios. También, si sus trabajadores tienen un desarrollo profesional óptimo.

Grado de compromiso

Los avances en políticas inclusivas en las universidades de los países de todo el mundo es muy dispar. Además, las actuaciones se dirigen a grupos de personas distintas (población con discapacidad, población de color, estudiantes internacionales…).

En Europa, a pesar de existir buenas prácticas en algunos lugares, las universidades generalmente no cuentan con políticas inclusivas de alcance global. De hecho, distintos trabajos afirman que las universidades siguen siendo elitistas y no han logrado cambiar ni su organización ni la cultura para ser más inclusivas.

Un compromiso importante

Que las universidades sean lugares inclusivos y diversos es el objetivo de un acuerdo concreto de los países miembros de la Unión Europea. El comunicado Hacia el Espacio Europeo de Educación Superior: respondiendo a los retos de un mundo globalizado, firmado en Londres en 2007, hizo referencia a la dimensión social de la universidad.

En este documento se reclama que la composición del estudiantado en la universidad reflejara la diversidad de la población existente en los países miembros. De esta manera, se pretende que las universidades también contribuyan en la promoción de la cohesión social y la reducción de desigualdades sociales.

Pero el documento más actual sobre políticas inclusivas se escribió en la Conferencia de Roma en 2020. Este documento define los principios y directrices para fortalecer la dimensión social de la educación superior en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Habla de promover el acceso, la participación y la finalización de los estudios de educación superior de población “vulnerable, desfavorecida o infrarrepresentada”.

En concreto, en España las universidades se han comprometido con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Objetivo 4 consiste en “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Además, la ley de Universidad en España (LOSU 2/2023) hace referencia a la inclusión y pone en valor la diversidad. En sus artículos alude a la no discriminación, garantizar el acceso universal, respeto a la diversidad lingüística, cultural, social. Además, compromete a las universidades para que tengan unidades específicas dedicadas a la atención de la diversidad y a la discapacidad.

De las palabras…

Teniendo en cuenta los estudios y también los principios políticos, las universidades deberían diseñar planes de inclusión, diagnosticando previamente el estado de sus políticas. Algunos instrumentos que podrían servir a las universidades ya se han publicado, como las guías de estándares, los marcos para la autoevaluación o instrumentos concretos como el recientemente elaborado por la Universidad de Córdoba (UCODInclusión).

En las universidades españolas no hay evidencias de la realización de diagnósticos sobre el estado de sus políticas inclusivas.

… A los hechos

El diagnóstico realizado en la Universidad de Córdoba (España) puede servir de referente para otras universidades españolas. Entre los resultados encontramos que:

1. La presencia de personas o colectivos con determinadas condiciones de vulnerabilidad o infrarrepresentación es muy débil. Y esto ocurre tanto en el grupo de estudiantado, como de profesorado, personal investigador y, también, de personal técnico y de servicios. Por ejemplo, no es representativa la presencia de personas con discapacidad, de origen étnico o de origen migrante en la universidad.

2. Existen unidades o servicios específicos y bien organizados para trabajar las necesidades de personas con discapacidad o para las políticas de igualdad, pero son inexistentes las acciones para otras condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, para favorecer el progreso y finalización de estudios de estudiantes mayores de 25 años.

3. Aunque las personas que lideran la universidad se muestran sensibilizadas y con interés para trabajar la inclusión, no existen programas o planes de inclusión definidos a medio o largo plazo y con financiación específica.

Las universidades deberían realizar una autoevaluación de sus políticas sobre inclusión para que hagan lo que dicen. El compromiso real llegará con el cambio global en la organización y en la cultura de la institución, para lograr la no discriminación y el bienestar de estudiantes y trabajadores.

María García-Cano Torrico, Profesora del Departamento de Educación, Universidad de Córdoba; Azahara Jiménez Millán, Profesora en Didáctica y Organización Escolar, departamento de Educación, Universidad de Córdoba; Carmen Clara Bravo Torres, Investigadora Postdoctoral: Margaritas Salas en el departamento de Ciencias Sociales (área de antropología) de la Universidad de Córdoba. , Universidad de Córdoba; Elisa Pérez Gracia, Profesora del Departamento de Educación, Universidad de Córdoba y Eva F. Hinojosa Pareja, Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Educación, Universidad de Córdoba

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.