El recorrido ferroviario de la Ruta de la Plata necesita 900 millones de euros para volver a estar activo

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El intento de recuperar el Corredor Ruta de la Plata de ferrocarril continúa en marcha y progresando. Una reunión celebrada a finales de noviembre ha incorporado a instituciones y representantes de organismos a la defensa de esta infraestructura, que hasta ahora respaldaban más de una decena de cámaras de comercio (Astorga, Avilés, Badajoz, Béjar, Cádiz, Gijón, Huelva, León, Oviedo, Salamanca y Sevilla).

Tal y como informa el Diario de Sevilla, en este último avance se han sumado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el asesor de la Red Transacional Atlántica, Germán Barrios; el presidente de la Red de Cooperación de Ciudades de la Vía de la Plata, Rafael Pachecho, el presidente de la Alianza de Corredores, Salvador Galve; el vocal ejecutivo del Programa Regional de Alentejo, Tiago Teotónio Peréira, y otros representantes de las cámaras integrantes de la Ruta de la Plata.

Pese a los distintos avances producidos a lo largo de los últimos meses para devolver a la actividad la ruta, según ha informado Germán Barrios son necesarios unos 900 millones de euros, que permitirían esa conexión entre el norte y sur de la península. "La obra requiere ocho viaductos y un túnel, y es importante señalar que el Corredor Oeste Ibérico no eso solo una vía férrea, sino un espacio atlántico que supone un fuente de riqueza clave para el tejido empresarial", aseguró Barrios, que también apostó porque esta opción "garantizaría la independencia energética a todo el norte de Europa".

Mapa de la ruta del ferrocarril. Fuente: Corredor Oeste

El tramo inactivo desde 1997, ubicado entre Astorga y Plasencia, podría contar con financiación europea si el Gobierno pide que se incluya en la Red Básica del Corredor Atlántico, aunque el movimiento del Corredor cree que no se pretende incluirlo por "razones que no se acaban de explicar".

Así, la pretensión general de las reuniones consecutivas es tratar de lograr que se pida a la UE la inclusión de esta red básica, para poder ejecutar la obra en 2030 y no tener que esperar veinte años más, que es lo que ocurriría si la propuesta queda excluida de la red. De hecho, tal y como asegura el movimiento en su objetivo general, se define como un movimiento social que "debe a corto plazo conseguir que las administraciones públicas adquieran el compromiso de un plan de trabajo con acciones, presupuestos y tiempos razonables para poder hacer realidad este eje de infraestructuras necesario para el territorio afectado y estratégico para España y Europa". A favor de ello ya han firmado 45 organizaciones, 1.644 personas y 283 empresas.