La celulosa de la ría de Pontevedra: cómo preservar el trabajo y el medioambiente

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Mario Pansera, Universidade de Vigo

La fábrica de papel del grupo ENCE, en la ría de Pontevedra, fue inaugurada por Franco en 1963. Lleva años en el centro de un contencioso entre la propiedad, que considera la infraestructura un elemento fundamental del desarrollo económico de la región, y el Ayuntamiento local, gestionado por BNG y apoyado por varias asociaciones ambientalistas y vecinales que denuncian el impacto de la industria papelera sobre el frágil ecosistema de la ría.

A pesar de las condenas por delitos ecológicos por los vertidos realizados en la ría hasta 1994, en 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy renovó por sesenta años la concesión de los terrenos donde se ubica la fábrica. La razón esgrimida fue la de preservar los cientos de puestos de trabajo de la fábrica.

El Ayuntamiento de Pontevedra y asociaciones ecologistas como Greenpeace y la Asociación pola defensa da ría impugnaron la medida y, en 2021, la Audiencia Nacional anuló la prórroga concedida por el Gobierno del PP a la papelera ENCE acogiéndose a la reforma de la Ley de Costas.

Finalmente, el 7 febrero de 2023 el Tribunal Supremo revertió el fallo de la Audiencia Nacional, avalando la prórroga hasta 2073, concedida a la fábrica. Para esa fecha, el litoral de Lourizán, donde se sitúa la fábrica, podría estar ya completamente inundado por la subida del nivel del mar a causa del cambio climático. Subida a la que, irónicamente, la fábrica contribuye al emitir cada año más de 700 mil masas de CO₂ equivalentes.

¿Quién defiende a quién en los conflictos ambientales?

La instalación de ENCE en la ría pontevedresa en 1963 desplazó de forma violenta a muchas mariscadoras que encontraban en la playa de Lourizán su sustento y su forma de vida.

Además, la fábrica ha envenenado durante décadas el frágil ecosistema de la ría e impuesto en gran parte de Galicia un monocultivo tan destructivo como el del eucalipto.

Ecología, trabajo, ideario

El trabajo de mapeo sistemático del proyecto EJAtlas que lidera el profesor Joan Martinez Alier (UAB) es una mina de información sobre los conflictos entre ecologismo y trabajo. Para la escuela ecosocialista, la lucha para proteger el entorno natural no está reñida con la lucha por la defensa del empleo, sino que es condición fundamental para la protección y el empoderamiento de la clase trabajadora.

Por esto no se entiende cómo los principales sindicatos españoles han apoyado la permanencia de una industria tan contaminante como ENCE en un entorno natural y social tan delicado como la ría de Pontevedra. En defensa de los puestos de trabajo amenazados, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras se han pronunciado a favor de la permanencia de ENCE en la ría. También las juventudes comunistas gallegas privilegian los puestos de trabajo a la protección del medioambiente.

No resulta sorprendente que sindicatos y organizaciones políticas, siguiendo la clásica visión marxista productivista, defiendan a los trabajadores y las trabajadoras. Lo que sorprende es que, aunque se les suponga progresistas, asuman posiciones claramente antiecologistas.

Entre los trabajadores que ven amenazados sus empleos hay una peligrosa tendencia a considerar el ecologismo como un movimiento hostil a la clase trabajadora, o incluso como una conspiración de los capitalistas.

Pero, ¿estamos seguros de que defendiendo cualquier forma de empleo, incluso los que causan la destrucción de la naturaleza, se defienden los derechos de las trabajadoras y trabajadores? La defensa del trabajo a toda costa, ¿no favorece más bien los intereses de los grandes grupos económicos, que son los mayores responsables de los daños medioambientales?

Una falsa dicotomía entre trabajo y medioambiente

Estos posicionamientos se basan en el falso antagonismo entre trabajo y medioambiente, derivado de una interpretación productivista del marxismo que hoy en día no solo es obsoleta, sino también dañina para los intereses de la clase trabajadora.

Hasta los años 70 del siglo XX el marxismo se caracterizó por su enfoque productivista, con el desarrollo de las fuerzas productivas y de la tecnología como elementos emancipadores de los trabajadores. A partir de entonces, pensadores como André Gorz reivindicaron la importancia de fusionar el pensamiento marxista con el ecológico. Otros autores: John Bellamy Foster, Paul Burkett, James O’Connor y, más recientemente, Kohei Saito, han argumentado que los escritos originales de Marx ya incluían una crítica a la destrucción ecológica causada por el capitalismo. Por tanto, la defensa de la clase trabajadora pasa por la defensa de la naturaleza frente al sistema de expoliación puesto en marcha por la acumulación capitalista.

Es más, como sostiene Stefania Barca, profesora de Ecológica Política en la Universidad de Santiago, la emancipación de las clases trabajadoras solo es posible a través del reconocimiento de las fuerzas de la reproducción, entendidas como trabajo de subsistencia, reproducción, regeneración, restauración y cuidado de la vida humana y la no humana. Después de todo, sin un medioambiente sano, no puede haber vida ni trabajo.

Falta imaginación

En el proyecto JUST2CE, financiado por el programa Horizonte 2020 de la UE, hemos analizado las luchas de las comunidades de vecinos y de algunos grupos sindicales en el conflicto medioambiental generado en Tarento, por la que fue la fábrica más grande de acero en territorio italiano, de la siderúrgica ILVA.

Durante décadas, la acería provocó muertes y destrucción medioambiental. En este caso, también los grandes sindicatos de izquierda se opusieron durante años al cierre de las instalaciones.

Sin embargo, el comité de vecinos “Liberi e Pensanti” (Libres y Pensadores) sigue luchando para que se cierre la fábrica, aunque preservando los puestos de trabajo. Su propuesta es crear cooperativas que serían autogestionadas por los trabajadores de la acerería, con el objetivo de revitalizar la zona y devolverla a la ciudadanía. La tarea dura y larga, daría trabajo a los empleados de ILVA durante 30 años más.

Para este comité, el ILVA es irreformable. Sin embargo, la producción de acero podría mantenerse, aunque reducida al mínimo, dimensionada a las necesidades nacionales, empleando tecnologías limpias y en una ubicación que no comporte riesgos para las personas y el medioambiente. No se trata de transferir las producciones contaminantes a terceros países, sino de producir menos y de forma limpia y autogestionada por los trabajadores de la zona.

Esta idea también representa una tercera vía entre las nacionalizaciones de empresas poco eficientes que suelen proponer los sindicatos clásicos, y el cierre de las fábricas o la deslocalización de las políticas neoliberales.

¿Por qué no aplicar estas ideas al caso ENCE?

¿Por qué no diseñar junto con los empleados y empleadas de la fábrica y la ciudadanía soluciones innovadoras que preserven los intereses de las personas con el imperativo de cuidar la ría pontevedresa?

Es probable que ENCE acabe dejando Pontevedra antes de 2073. Quizás por la subida del nivel del mar, quizás porque encuentre otras formas de maximizar sus beneficios. Entonces, los empleados se habrán quedado sin trabajo y Pontevedra con un desastre ecológico irreversible. Como suele pasar, los costes del abandono los asumiría la sociedad en su conjunto.

Mario Pansera, Investigador Distinguido en Organización de empresas y ERC Starting Grantee, Universidade de Vigo

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.