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María Lameiras Fernández, Universidade de Vigo

En España, con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se reconocieron por primera vez los derechos sexuales y reproductivos que no habían sido incluidos de forma explícita en el texto constitucional de 1978.

La ley fue promulgada durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La norma contó con la oposición del Partido Popular, que interpuso una demanda de inconstitucionalidad que sigue sin sentencia 12 años después. Esta dilación ha llegado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya se ha pronunciado exhortando al Tribunal Constitucional español a tomar una decisión.

Sobre esta ley se está preparando ya una reforma desde el Ministerio de Igualdad, presentada por la ministra Irene Montero en una comparecencia parlamentaria el pasado 23 de febrero. Entre los cambios que se proponen figuran la eliminación de los tres días de reflexión, la inclusión de las menores entre 16 y 18 años para poder interrumpir el embarazo sin permiso de las madres y padres, y que el derecho al aborto esté garantizado en todos los hospitales públicos.

Tal como queda explicitado en la Ley Orgánica 2/2010, para garantizar los derechos sexuales es necesario articular e implementar programas de educación sexual, tanto dentro del sistema sanitario como del sistema educativo.

La educación sexual en el sistema educativo

La educación sexual en España se introduce por primera vez en el sistema educativo con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) 1/1990, de 3 de octubre, que sustituyó a la Ley General de Educación (LGE) de 1970. La LOGSE incorporaba la educación sexual a través de una metodología transversal: estos contenidos no constituían una materia específica y debían desplegarse por todo el currículum.

Sin embargo, la transversalidad, que deja en el espacio difuso de la responsabilidad compartida de los docentes (en su mayoría no formados en estos contenidos) la inclusión de los contenidos sobre sexualidad dentro de las materias específicas del currículum, no consiguió garantizar la formación sistemática y rigurosa del estudiantado.

Tampoco la siguiente reforma, la Ley Orgánica de Calidad de Educación (LOCE) 10/2002, introdujo herramientas para trabajarla. No obstante, siguió considerando la educación sexual como instrumento necesario para alcanzar la igualdad de oportunidades y la prevención de desigualdades.

No será hasta la Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006 cuando se incluyan de forma explícita los contenidos relativos a la educación sexual y al reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual. Sin embargo, la siguiente reforma, apenas siete años después, la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), supuso un retroceso al eliminar la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos incluida en la LOE.

Con la última reforma educativa, la Ley Orgánica de Educación 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), se mantiene el valor de la libertad y la tolerancia para fomentar el respeto y la igualdad a través de las que alcanzar una sociedad más justa para todas las personas.

Con esta ley se introduce una nueva materia en Primaria y Secundaria sobre valores cívicos y éticos, que presta especial atención a la igualdad entre mujeres y hombres y al valor del respeto a la misma. De forma específica, en Bachillerato, se incluye como objetivo fundamental promover la madurez personal, afectivo-sexual y social que permita prever, detectar y resolver posibles situaciones de violencia.

El análisis de cómo las leyes educativas han incluido la educación sexual en España nos permite concluir que desde el espacio de la transversalidad abierto por la LOGSE en 1990 hasta la última regulación de la LOMLOE (2020), las leyes educativas permiten, pero no garantizan, la educación sexual. Desoyen así el mandato de la UNESCO de incorporar la educación sexual integral en el sistema educativo como una materia obligatoria.

La educación sexual integral, un objetivo pendiente

La educación sexual integral es un término acuñado en EE. UU. (Comprehensive Sexual Education, CSE). Representa un proceso de enseñanza y aprendizaje que incluye los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, en oposición a los programas basados en los peligros, o centrados en promover la abstinencia. Estos programas se centran exclusivamente en los aspectos biológicos, presentan una visión de la sexualidad negativa y vinculada a los riesgos (como las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados) y han demostrado ser ineficaces e, incluso, dañinos.

El principal objetivo de los programas de educación sexual integral, tal como subraya la UNESCO, es equipar a las niñas, niños y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan promover su salud y bienestar. También contribuyen a empoderar a los jóvenes como ciudadanos críticos y más capacitados para defender sus propios derechos, así como a fomentar el respeto por los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad.

Las evidencias aportadas por la UNESCO, además, confirman que la educación sexual integral ayuda en la prevención y reducción de la violencia y la discriminación en las relaciones de pareja, mejorando la equidad, la autoeficacia y la confianza y contribuyendo a formar relaciones más fuertes y sanas.

Un grupo de investigadores de Alemania y Dinamarca ha llevado a cabo el primer informe sobre la implementación de la educación sexual en Europa. Según sus resultados, España es uno de los países, del total de 23 evaluados, en el que todavía no se ha implementado de forma sistemática la educación sexual integral, y en donde el modelo más extendido sigue priorizando el modelo biologicista de prevención de riesgos sobre el modelo integral deseable.

El papel de las instituciones y los padres

El énfasis que la educación sexual integral debe tener en la consumación de los derechos sexuales de todas las personas en España queda apuntalado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Sin embargo, la implementación de la educación sexual integral sigue siendo una materia pendiente del sistema educativo español.

Para superar la oposición social y las limitaciones operativas que todavía persisten a la hora de hacer realidad una educación sexual integral para todas las personas, es preciso que las instituciones gubernamentales garanticen las actividades necesarias para proporcionarla con éxito. Es decir, deben elaborar planes de estudios adecuados, garantizar la formación y apoyo apropiados a los docentes y hacer seguimiento y evaluaciones eficaces de los programas.

Todo lo anterior debe hacerse en colaboración con las organizaciones comunitarias y las asociaciones de padres y madres, apoyando la creación de entornos físicos favorables y seguros, y desarrollando vínculos con los servicios de salud.

Corresponde a toda la ciudadanía velar porque así sea.

María Lameiras Fernández, Profesora de Psicología, Universidade de Vigo

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.