Nuevos accionistas en Telefónica: de libre mercado, participaciones públicas y soberanía digital europea

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El Estado español vuelve a tener participación en Telefónica 26 años después de finalizado su proceso de privatización.

A inicios de septiembre de 2023, el grupo saudí de telecomunicaciones STC anunció la compra del 9,9 % de la multinacional española de telecomunicaciones Telefónica.

Desde entonces, el gobierno estuvo explorando una posible respuesta. Finalmente, a mediados de diciembre, el Consejo de Ministros ha aprobado la compra, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de hasta el 10 % del capital de la compañía.

De concretarse la operación, la SEPI se situaría como el principal accionista de la empresa, por delante de STC. Para ello, se estima que España deberá pagar aproximadamente 2 000 millones de euros.

El socio saudí

STC es la principal operadora de telecomunicaciones de Arabia Saudí. Fundada en 1998, la compañía con sede en Riyadh es controlada por el gobierno saudí a través de su participación en el fondo de inversión soberano, propietario de la mayoría de las acciones de la empresa.

El anuncio tomó por sorpresa al gobierno español y a la propia Telefónica. El carácter estratégico de la empresa, por ser la principal operadora de telecomunicaciones de España y por su participación en proyectos muy relevantes para la seguridad nacional, hizo que la compra generara preocupación en el gobierno. Con este movimiento, STC iba camino a convertirse en el mayor accionista de Telefónica, superando a BBVA, BlackRock y CaixaBank.

Participación estatal

Esta entrada del gobierno español en el accionariado de Telefónica es un movimiento inédito desde que, a lo largo de las dos últimas décadas del siglo pasado, se llevaran a cabo los procesos de privatización de las grandes empresas públicas españolas.

El argumento para esta compra ha sido “proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuir a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas”, según el comunicado remitido por la SEPI a la CNMV. Por su parte, el ministerio de Hacienda, del que depende la SEPI, ha apelado a una cuestión de “interés nacional”.

Resultaba paradójico que, luego de haber privatizado Telefónica, el Estado español viera a otro Estado convertirse en accionista mayoritario, y que además pudiese sentarse en el consejo de administración, de una compañía estratégica para los intereses de España.

Otros países europeos cuyos Estados tienen participación en las operadoras de telecomunicaciones nacionales son, por ejemplo, Alemania (donde el Estado posee un 13,8 % del capital de Deutsche Telekom), Francia (con el 13,4 % de Orange) e Italia (que quiere incrementar hasta el 20 % su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia).

Estrategia soberana

Esta decisión se alinea con la estrategia europea de soberanía digital que se manifiesta, por ejemplo, en la reciente entrada en vigor de la Ley Europea de Chips, el paquete normativo formado por la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Servicios Digitales o la recién acordada ley europea para la regulación de la inteligencia artificial.

Para la UE, la compra de STC de parte de las acciones de Telefónica constituyó un serio llamado de atención a la política comunitaria de promover la competencia sobre la base del incremento de la cantidad de operadores participantes en el mercado. En este sentido, cabe preguntarse en qué medida esta política es consistente con la pretendida soberanía digital europea.

Las debilidades del sector

El sector de las telecomunicaciones lleva años en una crisis de ingresos decrecientes. Al ser una industria intensiva en capital y con fuertes economías de escala, requiere de cierto grado de concentración empresarial para que sea rentable y sostenible desplegar inversiones millonarias (como las redes para la tecnología 5G).

Por tanto, los operadores con una base de abonados más extensa cuentan con una ventaja de costes significativa en comparación con aquellos operadores más pequeños. Esta cuestión está ya asumida en Estados Unidos, donde solo hay 3 operadores de red de carácter nacional para una población de mas de 330 millones de habitantes.

Más concentrados

Pero las autoridades europeas no han asumido todavía esa necesidad de concentración. Ha quedado en evidencia con la operación de STC y Telefónica, donde se vio que un operador mediano puede comprar una participación relevante en una teleco europea. Algo que, a juicio de expertos, es una señal de debilidad de las empresas de la UE.

Si se pretende avanzar hacia una mayor soberanía digital, las autoridades comunitarias, y en particular sus organismos de promoción de la competencia, deberían reflexionar acerca del marco regulatorio más adecuado para lograrlo.

La decisión adoptada por el gobierno español ante la compra de acciones de Telefónica por parte de STC puede ser una llamada de atención para poner el tema en agenda.

Juan Felipe Jung Lusiardo, Colaborador Asistente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE), Departamento de Economía, Universidad Pontificia Comillas

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.