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François-Michel Le Tourneau, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

En diciembre de 2022, el Parlamento Europeo acordó promulgar un nuevo reglamento para prohibir los productos procedentes de zonas deforestadas. Se trata de un gran paso adelante en la cuestión de la “deforestación importada”, es decir, la que existe como consecuencia de la demanda de mercados lejanos, en particular la UE.

No podemos sino acoger con satisfacción un texto cuyo objetivo es poner de relieve el papel de los mercados en la dinámica que contribuye al cambio climático, así como responsabilizar a los productores que se comporten mal, amenazándoles con multas si son descubiertos.

Pero si aplicamos el marco que acabamos de acordar a la deforestación en Brasil, ¿podemos esperar un cambio rápido o significativo?

El control no es tan sencillo

El Parlamento Europeo insiste en que los productos serán controlados según un sistema de trazabilidad que estará vinculado a una base de datos derivada de imágenes por satélite propuesta por Airbus y que permitirá identificar las parcelas deforestadas.

No cabe duda de que los datos geográficos generados serán muy precisos. Sin embargo, es probable que la asociación de tal o cual cadáver de animal o cargamento de soja a parcelas prohibidas sea más delicada.

Hay que tener en cuenta que gran parte de la deforestación que se produce en Brasil, sobre todo en la Amazonia, ya es ilegal, por lo que los productos que proceden de ella ya están prohibidos.

Si se comercializan, es simulando que proceden de zonas donde son legales mediante certificados falsos o diversas técnicas, como la compra de rebaños ilegales con dinero en efectivo y su posterior inserción subrepticia en los rebaños de explotaciones autorizadas justo antes del sacrificio.

¿Será la UE más firme que las autoridades brasileñas, sabiendo que, a diferencia de estas, no tendrá acceso al terreno para realizar controles?

Uno se pregunta si no hay un poco de ilusión tecnológica en este aspecto de la legislación.

¿Qué bosques? ¿Qué deforestación?

Como han señalado muchas ONG, el énfasis puesto en los bosques significa que la principal zona afectada en este momento en Brasil es el bioma amazónico.

Aunque el crecimiento del espacio agrícola, sobre todo debido al desarrollo de pastos para la cría de ganado, lo está amenazando, este espacio no es (ni de lejos) el corazón del sistema agrícola brasileño. Este late en las sabanas del centro del país (el cerrado), que lleva cuatro décadas transformando intensivamente, provocando conversiones masivas de vegetación natural en parcelas agrícolas.

El Parlamento Europeo ha manifestado su intención de añadir rápidamente el cerrado a las zonas prohibidas a la deforestación, lo que podría convertir la prohibición de la deforestación en una prohibición de la transformación de la vegetación, con repercusiones muy amplias, incluso en Europa. Cuando se adopte, es probable que esta medida tenga más impacto en Brasil que los términos actualmente aceptados. También es probable que genere más reacciones.

Una pequeña parte bajo embargo

Otra cuestión clave es la fecha de referencia de las parcelas de seguimiento.

De momento, para los bosques se ha elegido finales de 2019. Por lo tanto, todas las parcelas deforestadas antes de esta fecha no están prohibidas. Teniendo en cuenta que la deforestación en los últimos tres años ha sido de aproximadamente 35 500 km² (cifras del INPE redondeadas), de los aproximadamente 800 000 km² deforestados en el bioma amazónico de Brasil, el 4,3 % de la superficie agrícola amazónica estaría vetada a la exportación a la UE en este momento.

Si consideramos una tendencia de 10 000 km² de deforestación al año durante la próxima década (¡obviamente esperamos que sea mucho menos!), se alcanzaría alrededor del 16 % en 2032, lo que significa que el 84 % de las zonas deforestadas del Amazonas podrían seguir exportando su producción a la UE.

El mismo razonamiento se aplica al cerrado, por supuesto, y ya veremos si la fecha que se elegirá en este caso será la misma o no. En ambos casos, será una pequeña proporción de la superficie agrícola brasileña la que, de hecho, estará bajo embargo.

Ya se ha señalado anteriormente que parte de la deforestación que tuvo lugar en la Amazonia antes de 2020 es considerada ilegal por el Gobierno brasileño, que está en proceso de establecer (con dificultades) un programa de control medioambiental (el Catastro Ambiental Rural o CAR) para cartografiar estas áreas y conseguir que los propietarios las reforesten.

Destinar recursos a ayudar a Brasil a avanzar mucho más rápido en este sistema quizá tendría más efecto a corto plazo que plantearse el control desde Europa, abriendo el camino no solo a la estabilización de la deforestación, sino también a la recuperación de algunas de las zonas perdidas.

¿Hacia dos mercados de exportación?

El riesgo más grave para la legislación europea es que sea eludida por los exportadores brasileños que separan sus productos en dos mercados: la producción ambientalmente correcta, destinada a Europa (que probablemente será más cara), y la producción poco respetuosa con las condiciones medioambientales, destinada a otros mercados, en particular el chino.

Frente a ello, los partidarios del texto europeo consideran que el hecho de que Europa sea globalmente el mayor mercado del mundo limita este riesgo.

Sin embargo, desde el punto de vista de Brasil, esta valoración es cuestionable. Europa solo importa el 14 % de la soja brasileña y el 8,8 % de la carne de vacuno brasileña (datos COMEXSTAT), las dos producciones que son los principales vectores de la deforestación (en la Amazonia y en otras regiones de Brasil).

China es responsable del 70 % y el 49 % de las mismas, y Asia en general del 80,6 % y el 62 %. Solo en el ámbito de la torta de soja, la cuota de la UE es más significativa y se sitúa al mismo nivel que China (44,7 % frente a 43 %), pero la harina y productos similares solo representan el 14,4 % del valor combinado de exportación de los tres productos.

Dicho de otro modo, Brasil exporta diez veces más torta a Asia que harina a la Unión Europea, que, evidentemente, no es un mercado tan importante para los exportadores brasileños como imaginamos.

Además, aunque una parte importante de la torta oleaginosa se exporta desde el estado de Mato Grosso (situado ecológicamente en el cerrado y la Amazonia), más de la mitad procede del sur de Brasil (los estados de Paraná, Rio Grande do Sul y Paraná), que no son zonas deforestadas. Así, Brasil puede abastecer fácilmente a la UE con productos que cumplan sus criterios procedentes del sur del país, mientras suministra lo que produce en la Amazonia a China u otros países que no tienen los mismos criterios ecológicos.

A partir de estas cifras, cabe preguntarse si la legislación europea, por muy disuasoria que sea a la vista de las sanciones previstas, puede realmente cambiar la situación en la Amazonia o en Brasil en general, sobre todo porque, si aquí he hablado de la posibilidad de encontrar mercados internacionales alternativos, también existe la posibilidad de concentrar la producción con bajos estándares ecológicos para el mercado interno (especialmente la carne) y reservar los productos con estándares (y calidad) más elevados para la exportación.

Una cuestión de método

La Unión Europea considera que su legislación servirá de ejemplo y que se adoptará gradualmente en otros países. Pero este aspecto puede cuestionarse desde el punto de vista de la filosofía subyacente.

De hecho, la UE considera que puede definir para los Estados lo que deben o no hacer con su espacio natural, incluso observándolos a distancia para llevar a cabo sus controles.

Dado lo quisquillosa que es en cuestiones de su propia soberanía, no es muy probable que China siga su ejemplo. El riesgo es, por tanto, que los consumidores europeos podamos enorgullecernos de ser consumidores ecológicamente correctos sin cambiar mucho la situación general, ya que los mercados más importantes para los productos que impulsan la deforestación están fuera de la UE (al menos en lo que respecta a Brasil).

Dos puntos ciegos

Una vez más, la lucha contra la deforestación es legítima y necesaria, y el empoderamiento de los ciudadanos europeos es bienvenido. Sin embargo, hay dos ángulos muertos que merece la pena destacar aquí.

El primero es que sería mucho más convincente para el resto del mundo que Europa propusiera un nuevo modelo social o cultural basado en la reducción del consumo (la ya ineludible sobriedad) en lugar de establecer las condiciones para un consumo cada vez mayor por parte de sus ciudadanos de productos que tienen un fuerte impacto en el medio ambiente (la carne en particular).

El segundo es que, en el sistema económico y ecológico actual, las parcelas con vegetación natural no producen ingresos, mientras que cuando se convierten en tierras agrícolas producen ingresos para sus propietarios (con un enorme coste medioambiental para todos, por supuesto).

No es por odio a los árboles, por lo que los agricultores brasileños deforestan, sino porque tiene sentido desde el punto de vista económico. Invertir esta situación con políticas ambiciosas de pagos por servicios medioambientales sería probablemente la forma más eficaz de limitar drásticamente la deforestación.

François-Michel Le Tourneau, Géographe, directeur de recherche au CNRS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.