El Gobierno abre un expediente debido a la macrofiesta que reunió a un centenar de barcos en el Mar Menor
La concentración puede haber violado la legislación ambiental, la de seguridad marítima y la de actividades recreativas
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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) va a abrir un expediente informativo con relación a la macrofiesta celebrada en la Isla del Ciervo del Mar Menor durante el fin de semana del 20 y el 21 de agosto, que reunió un centenar de embarcaciones. A partir de este expediente podrán aplicarse sanciones si se acredita la vulneración de la legislación, como puede haber sucedido con la de protección ambiental del espacio protegido, la de seguridad marítima y la de actividades recreativas, al haberse producido el encuentro sin los permisos y sin el control correspondientes.
La Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia es responsable, como gestor del espacio protegido del Mar Menor, de evitar la perturbación a su flora y su fauna, y para consentir una fiesta de grandes dimensiones como la celebrada, debía haberse informado previamente a la Dirección General de Costas del MITECO y a Capitanía Marítima, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La falta de control previo de las actividades recreativas que se desarrollan en Mar Menor por parte del Gobierno regional propicia los excesos que alteran el delicado equilibrio del ecosistema de este espacio protegido y es un grave incumplimiento de lo establecido en el Decreto 259/2019, por el que se aprobó el Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia.
Con la falta de control previo también se incumple la normativa reguladora de festivales y actividades recreativas, igualmente competencia de la Comunidad Autónoma, mientras que la falta de autorización de la concentración naval por parte de Capitanía Marítima, así como haber abarloado las embarcaciones, incumple el Reglamento de seguridad Marítima.
No debe extrañar, por tanto, que la Fiscalía haya encomendado una investigación al Seprona para determinar si se ha producido un delito ambiental o una infracción administrativa. El MITECO, por su parte, va a abrir un expediente informativo para identificar las eventuales sanciones que proceda aplicar.
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