Los retos medioambientales, sociales y comerciales del sector agropecuario europeo

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Alimentar a una población mundial en rápido crecimiento todavía es un reto. La producción de alimentos con métodos intensivos sigue contaminando el aire, el agua y el suelo, contribuye a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático y consume excesivos recursos naturales. Paradójicamente, una parte importante de esos mismos alimentos se desperdician.

La agricultura se enfrenta a desafíos nunca vistos y la adaptación a los cambios en ciernes requiere de la ayuda de la ciencia y la tecnología.

Compromiso con el clima

La obligación de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos tras el Acuerdo de París (2015) llevó a la Unión Europea a desarrollar, en 2018, un reglamento para regular la contabilidad de gases de efecto invernadero (GEI) en tierras forestales y de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras. Es lo que se conoce en el mercado de emisiones de carbono como sector del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y sector forestal (UTCUTS, en inglés LULUCF).

La UE acordó que las emisiones del sector agropecuario y forestal (que se contabilizan con signo positivo) no debían exceder las reducciones o secuestro de carbono (llevadas a cuenta con signo negativo) del conjunto de las tierras UTCUTS en los dos subperiodos de compromiso establecidos (2021-2025 y 2026-2030).

Sin embargo, en 2021, el Parlamento y el Consejo europeos modificaron este reglamento cambiando el enfoque: de buscar el equilibrio entre emisiones y absorciones en el sector UTCUTS se pasó al objetivo de aumentar las absorciones.

De este modo, se marcaron metas más ambiciosas. Para 2030, - 310 millones de toneladas equivalentes de CO₂ de eliminación neta para toda la Unión, de los que a España le corresponderían - 43 635 kilogramos de toneladas equivalentes de CO₂. Esta modificación del reglamento entró en vigor en mayo de 2023.

Dado que los sectores agropecuario y forestal pueden ser tanto emisores como mitigadores de gases de efecto invernadero, este nuevo reto exigirá a la Unión una mayor efectividad y contundencia en las actividades para la eliminación del carbono en dichos sectores. Todavía no se conoce la metodología que va a aplicar la UE para la certificación de la agricultura del carbono, esto es, la enfocada en la reducción de las emisiones.

Las dos caras del campo europeo

A nivel europeo, se observa una dualidad en el sector agropecuario. Por un lado, están las explotaciones más dinámicas, que tienden a la concentración y a conformar unidades grandes y muy productivas. Por el otro, están las más pequeñas, que tienen más complicado superar su atomización, afrontar los mayores costes de producción que esto conlleva y, al mismo tiempo, cumplir con las normas ambientales y la burocracia añadida por la nueva Política Agraria Común (PAC).

Las pequeñas y medianas explotaciones son las que tienen más complicado ser competitivas y viables, y corren el riesgo de quedar marginadas. Son, por tanto, las que más necesitan asesoramiento, transferencia de conocimientos y tecnología, y financiación adecuadas para adaptarse a la transición verde.

Los otros retos del campo europeo

Desde 2005 la UE ha perdido alrededor de un tercio de sus explotaciones agrícolas. Esto ha hecho que la proporción de personas empleadas en la agricultura haya caído del 6,4 % del empleo total de la UE en 2005 al 4,2 % en 2020. Además, está el problema del relevo generacional. En 2020, sólo uno de cada diez agricultores tenía menos de 40 años.

En este contexto, es importante que los jóvenes se incorporen al sector para asegurar la producción sostenible de alimentos. En la práctica, esto significa abordar los retos del acceso a la tierra y a la financiación, la educación y la formación.

Fiscalidad verde

El Pacto Verde Europeo busca adecuar la tributación sobre los productos energéticos y la electricidad a las políticas en materia de energía, medio ambiente y clima. Con este fin, aboga por la revisión de la directiva sobre fiscalidad de la energía, racionalizando el uso de las exenciones y reducciones fiscales a los Estados miembros.

En este contexto se enmarcan la eliminación del subsidio al diésel o la introducción de un impuesto a los vehículos agrícolas, así como la pretendida eliminación gradual de la subvención del gasóleo agrícola. Estas medidas, entre otras razones, han movilizado, a comienzos de 2024, a los agricultores europeos.

En España, ante las protestas del sector agrícola de las últimas semanas, el Gobierno se ha comprometido a mantener la exención del impuesto especial de hidrocarburos para el gasóleo profesional de uso agrícola.

Campo enfurecido

El descontento del sector agrícola europeo con los acuerdos de libre comercio tiene bases fundadas. Las importaciones desde países no pertenecientes a la UE, con normativas legales menos estrictas, no cumplen las normas de producción europeas en cuestiones como el bienestar animal, el uso de pesticidas o el cambio climático.

En este contexto, los mercados globalizados se convierten en escenarios injustos pues no se puede exigir a los países extracomunitarios el cumplimiento estricto de la normativa europea por las posibles reclamaciones ante la Organización Mundial del Comercio.

Control de daños

De manera gradual y dialogada, se está poniendo en marcha el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Este mecanismo se aplicará inicialmente solo a algunos de los bienes que se comercian en el mercado de derechos de emisión de carbono de la UE. Se trata de productos con alto riesgo de fuga de carbono (hierro y acero, cemento, fertilizantes, aluminio y producción de electricidad).

Los importadores empezarán a pagar el ajuste financiero en 2026 pues la aplicación del CABM al sector agropecuario es compleja, requiere de más análisis y no parece factible su implementación a corto plazo.

Agricultores y ganaderos hacen su trabajo de producir alimentos pero, a medida que aumentan las exigencias medioambientales y se endurece la competencia, su actividad se convierte en un reto cada vez mayor por lo que requerirán de más apoyo de las instituciones en aspectos como la transferencia, el asesoramiento y la financiación.

Una versión de este artículo se publicó en Campusa.

Inmaculada Astorkiza, Investigadora en Economía de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Facultad de Economía y Empresa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.