Razones para retrasar el uso del móvil: proteger la salud mental

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María Solano Altaba, Universidad CEU San Pablo e Ignacio Blanco-Alfonso

Cuando en 2007 la compañía tenológica Apple lanzó al mercado el primer iPhone, a nadie se le ocurrió poner en marcha controles legales sobre su uso. Los teléfonos inteligentes fueron considerados desde el inicio grandes avances tecnológicos, extensiones del ser humano que simplificarían muchas tareas hasta entonces complejas.

Los móviles resolvieron algunas situaciones (permitieron llamar a cualquiera desde cualquier lugar, tener acceso permanente a internet) y al mismo tiempo generaron problemas imprevistos que ahora causan estragos en la población. Es lo que el experto Evgeny Morozov denominó “solucionismo tecnológico”.

Las anomalías de conducta por sobrexposición a las redes sociales que han aparecido incluyen la distorsión de la realidad, la obsesión por el físico, los trastornos de la alimentación, la depresión, la ansiedad y el suicidio. En EEUU, por ejemplo, la prevalencia de ideas suicidas se ha duplicado en una década, pasando del 9,2 % en 2008 al 18 % en 2019. En España, el 48,9 % de los jóvenes han pensado alguna vez en suicidarse.

Los padres no saben cómo ayudar a sus hijos, entre otras razones, porque cuando estos problemas dan la cara, suele ser necesaria la intervención de los profesionales. Con este artículo queremos llamar la atención sobre la necesidad de que los mayores se anticipen y, de un modo proactivo, participen activamente en los contextos de recepción de los contenidos a los que se ven expuestos los menores.

Entre el vacío legal y la legislación obsoleta

En muchos ámbitos de la vida, amplias masas sociales se ven abocadas a consumir determinadas sustancias o a reiterar comportamientos provocados por productos y servicios distribuidos sin controles de calidad adecuados. Se producen vacíos legales en los que nadie se hace plenamente responsable de las consecuencias y se va legislando “en caliente” a medida que se producen efectos nocivos, no deseados pero reales, para la sociedad.

En el caso de los productos digitales, además, la legislación resulta rápidamente obsoleta por la lentitud de los sistemas legislativos y por la celeridad de los productos digitales. Las normas vigentes en las democracias más avanzadas están construidas sobre tecnologías del siglo XX ampliamente superadas, de manera que gran parte de las realidades (hechos, vivencias, actos…) que tienen lugar en internet y en las redes sociales se desarrollan en una inquietante alegalidad.

Regular el uso de las redes sociales

Recientemente, los medios se están ocupando de los efectos nocivos que las redes sociales producen en un sector vulnerable de la población, como son los niños y los jóvenes. El tema preocupa a toda una generación de padres y madres que en ocasiones han puesto en marcha iniciativas comunes mientras la edad de inicio de uso se va adelantando.

Las redes sociales son además un negocio. En 2021, la ex empleada de Facebook (ahora Meta) Frances Haugen, fundadora de la ONG Beyond the screen, hizo públicos en 2021 21 000 documentos internos de la compañía que demostraron que los ejecutivos de la compañía eran conscientes de los daños a la salud mental de los jóvenes y la distribución de informaciones falsas y otros contenidos que alientan la violencia.

Esta denuncia ha desencadenado un proceso judicial en Estados Unidos de recorrido incierto. El pasado 24 de octubre, las fiscalías de 41 Estados presentaron una demanda conjunta contra Meta (matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram) por desarrollar productos adictivos para los jóvenes, especialmente diseñados para enganchar a los menores de 13 años “y disparar los ingresos corporativos” del gigante tecnológico.

Adicciones y salud mental

Algunas voces son muy tajantes al respecto: dar a un niño o a un adolescente un teléfono móvil cuando tiene poca capacidad de autocontrol es como dejarle una raya de cocaína en su mesa de estudio. No implica que todos los niños que usen dispositivos digitales acaben enganchados, pero, sin duda, aumentan las posibilidades de generar una adicción.

Las adicciones comportamentales, en particular aquellas vinculadas a los dispositivos digitales (adicción a las redes sociales o a los videojuegos, por ejemplo), tienen todos los componentes propios de cualquier otra adicción, como ha descubierto la investigación del doctor Herradón sobre consumo de alcohol en adolescentes.

No todos los “usos abusivos” suponen una adicción, aunque la puerta de acceso a toda adicción está en el uso abusivo. En el caso de los smartphones, si no es posible garantizar unas normas de uso, es preferible que los menores no dispongan de estos dispositivos hasta que adquieran la capacidad de gestionar el tiempo.

Signos de alarma

¿Cómo detectar que el uso del móvil empieza a ser abusivo? Algunos indicios pueden ayudar a detectar conductas adictivas, por ejemplo:

1. Niños que dejan de salir al parque para estar conectados con la excusa de que allí están otros amigos.

2. El uso de las pantallas en cualquier momento disponible “de descanso”, es decir, solo las dejan obligados por el estudio.

3. Querer volver antes a casa de cualquier plan para conectarse.

4. Notar que prefieren el móvil a la práctica de sus aficiones favoritas.

El problema es que este proceso es paulatino, y no siempre es fácil darse cuenta del momento en que la salud empieza a verse afectada.

Seguridad y compañía

Sin llegar al extremo de la adicción, los adultos con menores al cargo no pueden obviar que los teléfonos móviles proporcionan acceso ilimitado a las redes sociales, donde los menores se ven con frecuencia envueltos en situaciones para las que no están preparados.

Es una etapa crucial en la vida de cualquier persona que está construyendo su propio yo, la aceptación por el grupo de iguales resulta fundamental y el comportamiento gregario prima sobre el pensamiento crítico. Por eso se hace absolutamente necesario un acompañamiento prudente, atento y empático que, lejos de producir suspicacia en el menor, le proporcione seguridad y compañía.

María Solano Altaba, Decana de la Facultad de Humanidades y CC. Comunicación Universidad CEU San Pablo, Universidad CEU San Pablo e Ignacio Blanco-Alfonso, Catedrático de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo (Madrid, España)

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.