Aprobada definitivamente la reforma de la Ley de la Ciencia

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La reforma de la Ley de la Ciencia aprobada por el Congreso blinda una financiación pública de la I+D estable y creciente con el objetivo de que alcance el 1,25 % del PIB en 2030 —y el 3 % junto a la inversión privada—, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación.

Entre las medidas aplicadas en relación con la carrera científica y técnica en el ámbito de la I+D+I, la reforma recoge una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas y en contratos de I+D+I.

Esta contratación indefinida, cuya aplicación se adelantó a través de un Real Decreto Ley, recoge las singularidades del sistema de I+D+I y no está sujeta a los límites de la oferta de empleo público, ni a las tasas de reposición.

Asimismo, el texto establece un nuevo itinerario posdoctoral que busca reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable al mismo. En concreto, diseña un nuevo contrato de hasta seis años, con una evaluación intermedia que conlleva promoción y una evaluación final, que permite obtener el nuevo certificado R3.

Este certificado facilitará consolidar una plaza permanente porque se exime de parte de las pruebas de acceso y porque se reserva un mínimo del 25 % en las plazas en los organismos públicos de investigación y del 15 % en universidades.

La reforma de la ley también garantiza nuevos derechos laborales a los jóvenes investigadores e investigadoras de nuestro país, como una indemnización por finalización de los contratos predoctorales y postdoctorales.

Atracción de talento y movilidad profesional

El texto incluye también facilidades para la contratación de personal extranjero y la posibilidad de la doble adscripción en nuestro país y fuera de él. Además, los quinquenios del personal de investigación de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) evaluarán y reconocerán por primera vez todos los méritos de investigación realizados anteriormente en el sector público y en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero. Hasta el momento, los quinquenios solo reconocían la experiencia en los OPIS de nuestro país.

Asimismo, la norma redefine el contrato del investigador distinguido para atraer personal científico de prestigio a España.

Por otra parte, respecto al personal técnico de OPIS, incluye también la posibilidad de movilidad profesional, de estancias formativas, temporales o de colaboración en empresas tecnológicas.

Las comunidades autónomas serán las encargadas de incorporar categorías específicas de investigador sanitario en su personal estatutario y desarrollen su carrera profesional en términos similares al resto de personal de investigación.

Tramites administrativos y transferencia de conocimiento

Otro de los ejes de la reforma está orientado a reducir las cargas administrativas del sector de I+D+I. Por ejemplo, en materia de subvenciones públicas, el texto introduce medidas para facilitar tanto el procedimiento de concesión de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios.

La norma también está dirigida a reforzar la transferencia de conocimiento, una de las carencias del sistema de I+D+I español, a través de nuevos mecanismos. Uno de ellos es el reconocimiento del sexenio de transferencia para incentivar el traslado directo del conocimiento y la innovación generados en el sector público a las empresas y a la sociedad.

Otros mecanismos incluidos son el desarrollo de la compra pública de innovación y el permiso a las administraciones públicas de invertir y coinvertir en sociedades mercantiles, como hacen los países más avanzados, donde el sector público es un agente emprendedor que invierte y estimula la inversión privada en I+D+I.

La reforma de ley también contempla la creación de la Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional.

Igualdad de género

En materia de igualdad, la Ley busca resolver las principales desigualdades de género que persisten en el ámbito de la I+D+I. Para ello, dará por primera vez seguridad jurídica a la igualdad de género en el Sistema de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, asegurando un abordaje dual, donde la perspectiva de género sea eje transversal de los instrumentos de planificación de los agentes públicos en ciencia, tecnología e innovación a la vez que se implementan acciones específicas.

Así, los agentes públicos deberán disponer y evaluar anualmente un plan de igualdad de género y contar con protocolos frente al acoso sexual y por razón de género u orientación sexual.

También se prevé la creación de un distintivo de igualdad de género en I+D+I para los centros que acrediten alcanzar criterios de excelencia en este ámbito, además de la obligatoriedad de implementar medidas para eliminar los sesgos de género e integrar la dimensión de género en los proyectos de I+D+I.

En este sentido, se garantizará también la igualdad en los procesos de selección y evaluación para quienes concilian y se fomenta el impulso de medidas de acción positiva. Además, se reconoce el papel fundamental de la divulgación científica y la educación para impulsar el cambio sociocultural y fomentar la corresponsabilidad.