Madrid simplifica los trámites administrativos de los establecimientos sanitarios
El Gobierno autonómico incorpora tres nuevas unidades a la oferta asistencial: Medicina Legal y Forense, Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, y Banco de Ovocitos. Junto a ello se añade la terapia ocupacional en la asistencia sanitaria domiciliaria
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La Comunidad de Madrid simplifica los trámites administrativos de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la región con la aprobación, ayer en Consejo de Gobierno, del Decreto que modifica los procedimientos de su autorización y registro.
El Decreto aprobado recoge las modificaciones normativas europeas y nacionales encaminadas fundamentalmente a hacer más sencillos y agilizar los procedimientos administrativos, en especial, la autorización de funcionamiento de los centros de reproducción humana asistida. Se refuerzan las garantías de seguridad y calidad asistencial que se ofrece a los pacientes de la Comunidad de Madrid, en los públicos y privados, como la custodia de las historias clínicas en el caso de cierre para determinados supuestos y la actualización de la normativa de las radiaciones ionizantes.
Este Decreto del Ejecutivo madrileño extiende la vigencia de autorización de 5 a 8 años, salvo para los centros sanitarios y servicios de reproducción humana asistida, y los establecimientos en los que se obtengan, implanten o almacenen tejidos, cuyo plazo será de cuatro años. Se amplían el número de aquellos que van a renovar su visto bueno para la actividad mediante la presentación de declaración responsable con un considerable ahorro económico y trámites burocráticos.
Mayor calidad y seguridad sanitaria
Se aseguran las condiciones en que prestan sus servicios los centros y aquellos recursos con oferta asistencial de bancos de gametos, embriones y tejidos, con la autorización en caso de su cierre definitivo, con el fin de asegurar y garantizar la calidad y la seguridad de las células y tejidos humanos almacenadas en estos bancos.
Estas modificaciones van a permitir conciliar la mayor libertad en el ejercicio de las actividades profesionales de los centros y profesionales sanitarios, con menos trabas y cargas administrativas, con una mejora en la calidad y seguridad de los servicios en este ámbito que reciben los madrileños.
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